Manifiesto

de la red nacional por la vivienda

La Red Nacional por la Vivienda (ReNVi) es una articulación de organizaciones y personas de todo el país unidas por el fin común de construir y luchar por el derecho a la vivienda en México. Nos reconocemos como una organización de carácter político, pero sin afiliación partidista alguna. La red se integra de nodos regionales dispersos por todo el territorio y contamos con más de 400 participantes.

Tenemos tres ejes de trabajo principales: 

1. Somos un espacio de formación en materia del derecho a la vivienda y su defensa, ofreciendo al público conocimientos y capacidades tanto para entender la crisis como para organizarse. Tendremos la tarea de investigar y socializar conocimientos para aportar soluciones a la crisis desde una sociedad crítica e informada.
2. Somos un altavoz, un espacio de visibilización: usaremos todos los medios posibles para denunciar el pacto inmobiliario, visibilizar los éxitos que día con día logran nuestras compañeras, mostrar las causas y el impacto de la crisis de vivienda,  y para convocar a las movilizaciones y actividades de los nodos de la red y los colectivos con los que trabajamos.
3. Finalmente, seremos un espacio de organización política apartidista y crítico para incidir directamente sobre leyes, decisiones, procedimientos legales, e incluso para llevar a cabo acción directa organizada para defender el derecho a la vivienda.

Los valores que nos definen

1. Rechazamos categóricamente los desalojos forzosos y el acoso inmobiliario; los señalamos como las técnicas de despojo que son.
2. Sostenemos que toda propuesta de solución real debe ir más allá del libre mercado. No ignoramos que es necesario producir vivienda y que el mercado puede aportar a ese fin. Aun así, sabemos que la crisis no es un “error”, accidente, o “distorsión” del mercado sino un resultado de su operación normal, pues está diseñado para funcionar así y concentrar la riqueza.
3. Afirmamos que la vivienda es un derecho humano, con protección y reconocimiento legal en el artículo 4o de la Constitución y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. No es una “demanda” y mucho menos un debate.
4. En el mismo sentido, la vivienda es derecho de todxs y no puede ser condicionada con base en la clase, nacionalidad, edad, cultura, identidad o rasgos físicos de las personas. Es decir, la vivienda se debe garantizar sin discriminación.

¿Cuál es el problema de la vivienda en México?

1.- Nos encontramos en medio de una lucha discursiva y de sentido. Las fuerzas políticas, empresas dedicadas a la especulación como Black Rock y Airbnb, instituciones educativas, gobiernos y medios de comunicación defienden el discurso meritocrático de que no existe el derecho a la vivienda, que la lucha por este es un ataque a la propiedad privada, y que las nuevas generaciones no trabajan lo suficiente para merecer lo que ya es un derecho humano.

Los medios han estigmatizado a las poblaciones sin vivienda y promueven activamente la especulación en su publicidad y productos de información financiera; ahora cubren las protestas desde el sensacionalismo, difunden ideas erróneas como “gentrificación positiva”, y enmarcan el derecho a la vivienda como un debate. Por su parte, el Estado se ha limitado a la provisión de crédito haciendo todo lo posible por no regular el mercado ni tocar a los intereses de los especuladores. Finalmente, el sector privado insiste en que el único problema es que existen regulaciones como límites a la altura de edificios, áreas protegidas, o trámites lentos y costosos para conseguir licencias. En realidad las constructoras saben que la especulación financiera y el acaparamiento son lo que ha inflado el precio del suelo.

2.- La vivienda hoy, más que nunca, es un frente en la lucha de clases. El poder adquisitivo de los salarios en México ha colapsado. Al mismo tiempo, desde 2005 el precio de la vivienda ha llegado a cuadruplicarse en varias ciudades del país. Lo que vivimos es una lucha de clases renovada, donde una clase rentera acapara el suelo y la vivienda y una clase inquilina, que ya trabaja como asalariada para las élites, dedica buena parte de su ingreso a pagar renta a esas mismas élites.

3.- Existe un pacto inmobiliario. Hoy la clase política está repleta de personas que se dedican directamente a la especulación inmobiliaria o dependen de empresarios de esta rama para financiar sus campañas. Los dueños de los medios de comunicación más grandes del país son administradores de inmuebles y turistificadores. Incluso las universidades han encontrado que el suelo y los inmuebles que han acumulado a lo largo de los años son sus mayores activos financieros. Esto impide que lancen programas de investigación serios y consecuentes contra la crisis. A este conflicto de interés lo llamamos el pacto inmobiliario.

4.- El crecimiento descontrolado de las ciudades ha tendido a devastar el medio ambiente y a vaciar los centros urbanos para mandar a la población a vivir en la periferia. El resultado es que cada vez tenemos traslados más largos, peores servicios públicos urbanos, y menos acceso a salud, educación, esparcimiento y empleo toda vez que las ciudades van eliminando los ecosistemas que las rodean.

5.- Los tres grandes enemigos son la financiarización, la turistificación, y la gentrificación, su común denominador es el despojo. Mientras el Estado no tome acciones directas contra estos tres fenómenos, la crisis seguirá creciendo. Estos tres “enemigos” deben ser el foco de cualquier respuesta. Una solución que no los enfrente seguirá promoviendo lo que pasa hoy: que la vivienda es cada vez más cara para la mayoría y que esto se vuelve un negocio redondo para un puñado de inversionistas.

¿Qué proponemos?

1.- Necesitamos un marco de derecho inquilinario – En la mayor parte de los estados del país no existen límites reales al precio de la renta o su aumento anual. No existen límites a lo que se le puede exigir a una persona inquilina: cuotas, depósitos de seguridad, tarifas por tener visitas, no tener mascotas, no tener parejas, no tener hijos. En realidad, los inquilinos no tienen ninguna protección legal basada en el derecho a la vivienda.

Es necesaria la creación de un marco de derecho inmobiliario que contemple una Ley Inquilinaria y modificaciones a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano así como reformas a las leyes estatales. Esto debe venir acompañado de un proyecto para el acceso efectivo a estos derechos. En materia laboral, llevar un juicio contra una empresa puede socavar la estabilidad económica de una persona trabajadora. Esto no puede pasar con la Ley Inquilinaria. Debe haber un acceso real, expedito e incluyente a la justicia, donde la defensa de los derechos no resulte en una mayor precarización o en represalias.

2.- El Estado debe hacer lo necesario para producir vivienda adecuada. En todo el mundo existen ejemplos: impuestos prediales progresivos y actualizados, impuestos sobre la adquisición de inmuebles, regulación del alojamientos turísticos, captura de plusvalías, protección y promoción de otras formas de producción y tenencia de vivienda como la autoproducción o la tenencia comunitaria, impuestos a las riquezas y a las herencias multimillonarias, expropiación de predios abandonados, producción pública de vivienda, alquiler social o subsidiado, topes blandos o duros a la renta y su aumento anual, esquemas de inversión público-privada en cooperativas de vivienda sin fines de lucro y tantas otras de medidas que el Estado Mexicano esquiva.

3.- No basta con que el Estado produzca vivienda; debe dar una respuesta directa a los tres “enemigos”. El Estado debe limitar o prohibir la propiedad institucional (de empresas, inversionistas, fideicomisos y fondos) especulativa de vivienda y suelo. Deben ponerse límites a los alojamientos temporales y los impactos que tienen en comunidades turísticas. Debe revertirse la gentrificación disparada por intervenciones urbanas excluyentes. En su lugar, se debe priorizar la inversión de infraestructura y servicios públicos donde no los hay, por ejemplo en los asentamientos populares.

4.- El Estado debe reconocer a las poblaciones más afectadas por su abandono del derecho a la vivienda: las personas sin techo y en asentamientos populares son quienes viven el más absoluto despojo. En lugar de criminalizarlas y expulsarlas, es urgente que el Estado las reconozca como titulares de derechos e inicie una estrategia de reparación.

5.- Finalmente, la sociedad debe reconocer y defender el derecho a la vivienda. Existe una larga lista de omisiones por parte del Estado, pero ninguna se atenderá mientras nuestra sociedad sea reaccionaria, cómplice, aspiracionista y servicial a los intereses inmobiliarios y del capital. La lucha no solo es en legislación, políticas públicas y tribunales. También es en las conciencias, en las aulas, en las calles y en los medios de comunicación.

Incidencia y organización política

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Formación e investigación

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visibilización y propaganda

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