Estamos sufriendo la crisis de vivienda más profunda de las últimas décadas. Las personas no pueden desarrollarse plenamente si no pueden arraigarse en su propio territorio. La financiarización, la turistificación y la gentrificación se traducen en el despojo de la gente de clase trabajadora.

Lo que vivimos es una lucha de clases renovada, donde una clase rentera acapara el suelo y la vivienda y una clase inquilina, que ya trabaja como asalariada para las élites, dedica buena parte de su ingreso a pagar renta a esas mismas élites. Mientras tanto el estado se desentiende de la problemática.

Afirmamos que la vivienda es un derecho humano, con protección y reconocimiento legal en el artículo 4o de la Constitución y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. No es una “demanda” y mucho menos un debate.

La larga renuncia que los gobiernos han hecho de su obligación de dar acceso a la vivienda ha hecho parecer que esta crisis es normal e inevitable. Rechazamos esa noción. Necesitamos un marco de derecho inquilinario, necesitamos que el estado produzca vivienda adecuada y la otorgue en otras formas de tenencia más allá del crédito, y necesitamos que el estado ataque la financiarización, turistificación y la gentrificación mediante la regulación y limitación del mercado inmobiliario.

Somos un espacio de formación en materia del derecho a la vivienda y su defensa, somos un altavoz, un espacio de visibilización, somos un espacio de organización política apartidista y crítico para incidir directamente sobre política pública, procedimientos legales, e incluso para llevar a cabo acción directa para defender el derecho a la vivienda.